Por Sofía Espul

El día 4 de diciembre se llevó a cabo la actividad: “La penalización del aborto y su impacto en los Derechos Humanos”, organizada por Amnistía Internacional y el CELS (Centros de Estudios Legales y Sociales).

El primer panel de expositoras estuvo compuesto por Paola Bergallo, Diana Maffia y Silvia Pimentel. El eje elegido fue: Ciudadanas de segunda: la penalización del aborto y sus efectos desigualitarios.

Cabe aclarar y destacar que lo fundamental de esta actividad y lo que la distingue es que está encarada no desde el planteo que generalmente se escucha “pro legalidad” o “despenalización”, lo trascendente de la propuesta es que invierte el discurso, y lo lleva a la realidad actual latinoamericana, hoy en día la penalización del aborto: ¿a quién beneficia? Pensando a latinoamérica como una región integrada por países en estado de pleno derecho, ¿esos derechos para beneficio de quién están pensados? El eje central del derecho universal dice que los derechos se deben hacer valer mediante una legislación que los garantice y beneficie al bien común, algo que no se refleja en la realidad latinoamericana.

Paola Bergallo, abogada y profesora de la Universidad de Palermo, fue la primera en tomar la palabra. Su planteo se basó en los debates legales que se dan en la actualidad, y el doble standard presente en todos ellos, en los distintos ámbitos ya sea legislativo, judicial o mediático. Su exposición tocó puntos claves como la desigualdad en el ejercicio del derecho individual cuando por ejemplo ante un Aborto No Punible se presenta la figura de objeción de conciencia como impedimento para su cumplimiento; el abuso que se hace de ello, la incapacidad resolutiva que existe desde lo legal porque se hace lugar a un relativismo frente al derecho (vale más el derecho de quienes objetan, que el de las mujeres que están arriesgando sus vidas); sin nombrar las desigualdades de interpretación que existen ante los cambios jurídicos en general. Bergallo recordó el histórico fallo del caso F.A.L en el que la Corte Suprema, el máximo tribunal federal, interpretó el Código Penal diciendo que “no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a un trámite judicial”. Exhortó, además, a implementar protocolos hospitalarios para atender esos casos.

En relación a esto, Bergallo remarcó la desigualdad en el marco regulatorio en las distintas provincias, el caso F.A.L. se dio en Chubut, provincia en la que trabaja la doctora Stella Maris Manzano, activista clave en la actualidad, es médica especialista en ginecología y medicina legal, trabaja en el Hospital de Chubut y fue ella quien llevó adelante el aborto en este caso, luego de que varios profesionales se negaran amparándose en la objeción de conciencia.

El planteo de desigualdad y doble standard fue observado finalmente en la figura de la Iglesia Católica como actor “invisible” en las decisiones, como excusa política para sostener la penalización; cuando hoy por hoy la mayor figura eclesiástica está en Europa y allí no hace ejercicio de este pedido de incumplimiento de leyes, porque es abiertamente ilegal expresarse en contra de algo que está expresado en la Constitución Nacional de un país. El debate fue muy interesante porque se puso en términos legales este supuesto accionar eclesiástico sobre el que basan sus discursos los y las legisladoras que soportan la penalización y aceptan la figura de objeción de conciencia. Lo que Bergallo intentó dejar en claro es que desde un plano legal el discurso de la Iglesia no puede públicamente oponerse al cumplimiento de una ley, sería un llamado a la desobediencia que implica una penalidad legal, y a su vez, remarcó el rol del sumo pontífice de la Iglesia Católica en el ámbito en el que desarrolla sus actividades en países europeos en los que el aborto no está penalizado, no llama al incumplimiento de esa ley, simplemente porque estaría cometiendo un delito, entonces por qué acá se acepta que lo haga y se utiliza como recurso que ampara a la decisión política de continuar con la penalización del aborto,

Diana Maffia también hizo su aporte pero centró su exposición en los casos de mujeres discapacitadas, tratadas como ciudadanas de segunda y en minoridad de condiciones acerca de su ejercicio del derecho de acceder a un aborto no punible.

Silvia Pimentel, está cargo del Comité CEDAW (Convención para la eliminación de la violencia hacia las mujeres) que forma parte de la ONU, expuso la posición actual que tiene el CEDAW acerca de la penalización del aborto, que lo entiende como una forma más de violencia hacia la mujer. Desde su exposición Silvia dió cuenta que esto debe ser considerado de esta forma, porque cambia el eje hacia una acción que limita la libertad y autonomía de la mujer tal como lo hacen los otros tipos de violencia. Dió cifras que el organismo maneja: son 4,2  millones los abortos que se practican en América Latina por año, y 1 de cada 9 mujeres en Brasil se ha realizado un aborto clandestino, de acuerdo al último informe de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Pimentel llamó a las feministas a invertir el rótulo que se les puso como “pro muerte”, frente a quienes sostienen la penalización que se auto proclaman “pro vida”; hay que invertir ese imaginario poniendo en el debate los números que la realidad muestra y cuántas muertes reales de mujeres está provocando la postura que se considera “pro vida”.

Las conclusiones que se generaron a partir de estas exposiciones giraron en torno a cómo se reproduce el discurso que apoya la penalización en establecimientos educativos, cómo los profesionales de la salud siguen teniendo una formación que refuerza el discurso que avala la penalización y cómo los intereses económicos de la comunidad médica también son los que hacen que esta realidad siga causando cada día más muertes de mujeres.