Por Valeria Tellechea

 

Frente al recrudecimiento de las violencias machistas, los femicidios, travesticidios y la falta de respuestas y acciones concretas por parte del Estado, la Campaña contra todas las violencias -formada por diferentes organizaciones de lucha- realiza un acampe de forma indeterminada frente al Consejo Nacional de las Mujeres, organismo gubernamental responsable de la articulación de las políticas públicas de igualdad de oportunidades y trato, presidido por Fabiana Túñez.

 

Movilizadas por todo este escenario que no hace más que empeorar, con un 2016 donde recrudecieron los travesticidios, con un 2017 donde una mujer es asesinada cada 18 horas y donde no hay cifras oficiales ni respuestas, la Campaña y las organizaciones que la integran, han acercado un petitorio con la necesidad de dictar una Ley de emergencia en violencia de género, con mayor presupuesto el abordaje integral de la violencia.

Sabrina Bruno, perteneciente al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y vocera de la Campaña, nos cuenta que el pasado miércoles se acercaron para alcanzar un petitorio con 17 puntos que entienden, son parte de la agenda actual en relación a esta problemática: “nos moviliza el reclamo concreto tanto de la Campaña como de las organizaciones que venimos trabajando en los territorios, en las universidades, en los barrios, en las escuelas; así que estamos exigiendo una ley de emergencia en violencia de género, un  mayor presupuesto al abordaje de las violencias, una efectiva creación de un registro unificado de índices de femicidios y travesticidios y un índice de denuncias de violencia de género, como así también capacitación con perspectiva de género a los agentes del poder judicial, entendiendo a la justicia como garante de muchas de las prácticas y conductas de varones violentos”.

 

El papel de la justicia

Cuando pensamos en las incontables situaciones de extrema violencia de géneros que se viven a diario, pensamos también en la necesidad que existe de denunciar y no callarse. Sin embargo, la realidad judicial está muy lejos de ese ideal. Como Sabrina nos cuenta: “es algo que la misma Ley 26.485 no rige actualmente y mientras tanto los femicidios y travesticidios siguen sucediendo; las denuncias también, pero cuando las compañeras y las mujeres vamos a hacer una denuncia a la comisaría, muchas veces no son levantadas o tenemos que hacer una ruta crítica para ir a la fiscalía, para volver, para esperar que las medidas cautelares salgan… todo eso es un retroceso para las mujeres en este contexto donde el machismo y el patriarcado son cada vez más feroces. Esperamos que Túñez y funcionarias de este espacio puedan reflexionar e intervenir realmente en las políticas públicas, de manera concreta, con un mayor presupuesto.” Esto implica acciones que requieren de una inmediatez necesaria, incluso cuando en varios casos de femicidios las propias fuerzas de seguridad entorpecen las causas o directamente están involucrados como sospechosos.

 

La respuesta del Consejo

Ante el acampe, la entrega del petitorio y las actividades realizadas, Sabrina nos comenta que la respuesta de hoy fue nula: “la presidenta Túñez en un momento se escandalizó y nos dijo ‘yo no tengo respuesta a todo lo que me están pidiendo’. Incluso cuando subieron las compañeras a dialogar, fueron acompañadas por una horda de policías como si fuesen unas delincuentes. Es terrible la situación, así que seguiremos acampando por tiempo indeterminado y realizando las actividades que teníamos organizadas para visibilizar nuestro trabajo en la Campaña y en las organizaciones”.

 

Toda esta situación solo demuestra que el Estado es responsable en tanto que no proclama ni destina un presupuesto acorde para las políticas públicas que prevengan la violencia hacia las mujeres, como tampoco garantiza un cupo trans genuino para todas las identidades de género, totalmente ausente en el Consejo.

 

Cuáles son los 17 puntos que se exigen

*Ley de emergencia en violencia de género. Mayor presupuesto el abordaje integral de la violencia.

*Duplicación de los centros integrales de atención, patrocinio legal, atención psicológica y atención en salud por parte del Estado. Creación de centros integrales en los territorios y provincias donde aún no existan.

*Exigimos al Ministerio de Trabajo programas de capacitación laboral y trabajo genuino para mujeres. Derecho a licencias laborales por violencia de género tanto para el sector público como privado.

*Efectiva creación de un registro unificado de índices de femicidios y travesticidios en el país y de índices de denuncias por violencia de género.

*Capacitación en perspectiva de género a los agentes del poder judicial. Unificación de las causas y denuncias realizadas hacia los varones violentos. Acceso real a los patrocinios jurídicos para las mujeres en situación de violencia en todos los territorios del país.

*Fortalecimiento de los Programas de salud sexual integral. Difusión del   manual sobre prevención y erradicación del Abuso Sexual Infantil e implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral.

*Acceso efectivo al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Cumplimiento efectivo de la Ley 25.929 de Parto Respetado.

*Multas para los canales televisivos que promueven la cosificación y la  violencia hacia las mujeres, y que lo recaudado se destine para fortalecer programas de prevención de la violencia.

*Ley de cupo trans para el acceso al trabajo genuino y con derechos de todas las identidades de género.

*Exigimos acciones inmediatas de los organismos competentes frente a la desaparición de mujeres. Investigación y condena a los integrantes de las fuerzas de seguridad y justicia involucrados en las redes de trata.

*Conformación de un Comité de Crisis con participación directa de las organizaciones sociales para el seguimiento de las políticas orientadas a la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, con articulación interministerial.

*Mayor presupuesto destinado para los espacios de prevención, atención y acompañamiento para mujeres en situación de violencia y de vulnerabilidad social de las organizaciones sociales y comunitarias.

*Financiamiento para equipos de profesionales que puedan brindar una atención integral para mujeres en situación de violencia y de vulnerabilidad social de nuestras organizaciones sociales.

*Presupuesto para la conformación de equipos de promotoras de salud barrial, con perspectiva de género, para trabajar en la prevención de la violencia.

*Implementación de rápidas y efectivas línea de ayuda económica directa y urgente para mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad social. Exigimos que el monto de estas ayudas sea equivalente a la canasta básica.     

*Condiciones de trabajo dignas para los trabajadores y las trabajadoras de los Programas orientados a la promoción de los derechos de las mujeres y la prevención, asesoramiento y atención en violencia de género.

*Políticas efectivas contra la precarización de las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras que ponen en permanente riesgo nuestra vida. Justicia por Laura Iglesias.

 

Para mayor información sobre el acampe permanente:

Evento https://www.facebook.com/events/1392910097456544/

 

Consejo Nacional de las Mujeres. Av. Entre Ríos 181, CABA.