Por Ileana Alamilla

Una misión internacional integrada por expertas juristas, feministas y luchadoras por los derechos de las mujeres visitó nuestro país para documentar, poner rostro y abordar de viva voz la cruda realidad de las mujeres en la región, hacer una evaluación y seguimiento de avances y conseguir compromisos de los entes del Estado relacionados con la mujer.

La delegación exhortó al nuevo gobierno, especialmente al ministro de Gobernación, a que sitúe en la política de seguridad el problema de la violencia contra las mujeres. Que ésta ocupe un lugar prioritario, con medidas pertinentes, tal como lo recomienda el Parlamento Europeo; que se persiga, castigue y erradique el femicidio.

Las mujeres son sometidas a una permanente desigualdad histórica, de poder económico y social, además de la desigualdad en el acceso a la justicia, que acrecienta exponencialmente su vulnerabilidad. La presencia del crimen organizado completa el cuadro, sobre todo porque se ha enfocado en la trata de personas y en el tráfico sexual de niñas y niños. En Guatemala existe una de las tasas más altas de asesinatos de mujeres: 100 por cada 100 mil habitantes.

Urgen medidas de prevención y  protección, el gobierno es llamado a impulsar esas políticas. Son tantas las deficiencias existentes que es difícil establecer prioridades, pero sin estadísticas y registros unificados será imposible mejorar el diagnóstico y lograr la eficacia de las medidas. La investigación, la reparación y el castigo van de la mano, pero también debe mejorarse la coordinación interinstitucional.

El Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses), ofreció mejorar el flujo de información en esta materia y dar más acceso a ella, continuar con los mecanismos de evaluación de desempeño y los procesos de depuración del personal, para que la atención sea de calidad y con calidez. La fiscal general ofreció la creación de un registro con 10 variables sociodemográficas. La Comisión de la Mujer del Congreso prometió incorporar en la agenda legislativa la ratificación del Estatuto de Roma, organizar un Congreso Interparlamentario Mesoamericano y hacer una campaña con los alcaldes y autoridades locales para que aborden el problema.

El compromiso más patético fue el del magistrado vocal segundo de la Corte Suprema de Justicia, quien solo se comprometió a que el pleno reciba información sobre las ventajas que tendría la adhesión al Estatuto de Roma. Pero ilustrar a la Magistratura sobre la Corte Penal Internacional  es absurdo para ese alto tribunal, cualquiera puede hacer llegar información sin esa promesa. Esperamos que esta postura sea rectificada por la magistrada Presidenta, Thelma Aldana, quien ha patentizado con acciones la defensa de los derechos humanos de las mujeres y ha mencionado la necesidad de hacer una evaluación de los juzgados especializados para el delito de femicidio, y continuar con las capacitaciones al personal.

Todo esto está amarrado al presupuesto. Sin dinero nada se puede hacer, esa es la concreción de la voluntad. Veremos quién la patentiza y si de verdad la seguridad será una prioridad.