Por Carina Alicia Bisagno*

El pasado 8 de marzo amanecimos con un nuevo femicidio. Como si fuera el corolario de una celebración macabra que no tiene aniversario, que se recicla y se renueva día tras día.  El día de la mujer, hubo una mujer menos, que fue muerta en Antofagasta, su marido la estranguló, la subió al auto y condujo con ella 5 horas antes de entregarse. Como si fuera un trofeo que le pertenece.

Aún se está investigando el doble femicidio cometido contra dos argentinas en la ciudad de Montañita, en Ecuador, pero el tiempo no alcanza para contar a las víctimas, para saber de ellas, para reconocerlas como personas de derecho.

El #NIUNAMENOS puso en el tapete un tema que requiere urgente atención por parte del Estado, pero no fue suficiente. Los femicidios no paran y, tristemente, comienzan a naturalizarse en una sociedad que ya no se sorprende con su propia violencia machista, que mira con gracia a las mujeres semidesnudas que desfilan por programas de alto rating nocturno, que compra esos productos que se ofrecen por televisión ostentando modelos estereotipados y sexistas de mujeres que son felices fregando la mugre hogareña y criando hijos rubios y sonrientes. Ya nada nos sorprende, al contrario, hasta somos capaces de reproducir esos estereotipos y esas desigualdades.

En lo que va del año ya contamos con una veintena de víctimas. Muchas de ellas habían denunciado a su agresor, incluso habían obtenido una restricción judicial, pero las mataron igual. Porque nadie controla, porque el Estado está ausente, porque las víctimas quedan libradas a su suerte cual Caperucitas perdidas en el bosque donde el lobo amenaza día y noche sin descanso.

La ley 26.485, promulgada en Abril de 2009 intentó desde la teoría combatir y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas, pero no se controla su eficaz cumplimiento ni tampoco se articula ni se capacita a todos los organismos del Estado que intervienen para hacer de ese instrumento un arma de control y de prevención en lugar de dejar que se transforme en la letra muerta de un enunciado lleno de buenos deseos y sagradas intenciones…

Patricia Martínez, Milagros Benitez, Luciana Ferreyra, Viviana Himelfarb, Verónica Di Bernardi, Gabriela Zurita, Yolanda Mamani, Yanina Benitez, Claudia Salgán, Elisabet Mendía, María de los Angeles Corbalán, María Herrera, Micale Gaona, Laura Moyano, María Loto, Miryam Velásquez, María Belén Morán, Adriana González, Yesica Daniela Estrada, Claudia Schaefer, María Rojas, Nancy Beatriz González, Gisela Jesica Sosa, Maria de los Angeles Trinidad, Liliana Beatriz Ortega, Horacelia Génesis, Amalia Verónica Molinari, Carmen Riera, Paola Tejeda, Ada Patricia Alvarez Gaviria, Ingrid Vidosa, Dominga Montiel, Daiana Luisa Rodríguez, Débora Díaz, Griselda González, María Menegazzo, María José Coni… y la lista sigue.

Estos son los nombres de las víctimas. De las más recientes. De las que no fueron escuchadas, ni protegidas ni amparadas por un Estado que no supo cuidarlas, que no supo garantizarles el más elemental derecho. El de la vida.

Por eso señalamos al Estado argentino como el principal responsable del estado de cosas en el que estamos viviendo. Por eso exigimos hoy más que nunca la puesta en marcha de un plan de acción conjunta y ordenada con instituciones que puedan coordinar acciones de prevención y agentes debidamente formados en violencia de género para que cuando una mujer llegue a la Comisaría a hacer una denuncia, no la manden de nuevo a su casa a “arreglar sus problemitas”.

Un Estado que se desentiende de la responsabilidad de cuidar la vida de sus mujeres, es un Estado que no garantiza la igualdad, que recicla el machismo y la intolerancia y lo que es peor que tolera y naturaliza la violencia.

*Lic. En Psicología Social

Imagen: Florencia Di Tullio