Por Revista Furias

El pasado viernes 2 de septiembre fue tratada y aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación, la incorporación de la indumentaria masculina a la Ley de Talles.

La Ley Nº 12.665, sancionada el 21 de diciembre del 2005, exigía a todos los fabricantes de ropa para “mujer adolescente” contar con seis talles: 38-40-42-44-46-48. Ahora también la exigencia será para los locales de ropa masculina.

La citada Ley menciona en su artículo 1º: “A partir de los doscientos cuarenta (240) días de promulgada la presente Ley, los comercios que vendan ropa de mujer, deberán tener en existencia todos los talles correspondientes a las medidas antropométricas de la mujer adolescente, de las prendas y modelos que comercialicen y ofrezcan al público”. La modificación aboga por la existencia en los locales de todos los talles correspondientes a las medidas estructurales de ambos géneros y de todas las edades.

Vale recordar además que su artículo 2° establece el cobro de una multa para aquellas y aquellos comerciantes que no den cumplimiento a lo dispuesto, y en caso de reiteradas ocasiones, se dispondrá la clausura temporal del local.

Es vox populi que cualquiera que concurra a locales, ya sea tanto de indumentaria femenina como masculina, puede dar cuenta de que esta reglamentación no se cumple tal como está expresada. Cualquier cliente o clienta sabe que si existe un local con todos los talles que la ley exige, seguramente al momento de probarse la prenda no coincide con el talle que tenía, porque suelen cambiar las etiquetas, un talle que era 38 pasa a ser 40 y así sucesivamente, es decir, que no sólo las medidas correspondientes a un talle 48 siguen sin existir, sino que encima quien va a probarse ropa puede llegar a pensar que ha engordado porque tiene un talle más, recayendo nuevamente en una situación violenta.

La Ley se implementó precisamente para que a la hora de ir a comprar ropa una persona no se sienta excluida, ni discriminada, y gracias a esta artimaña ocurre todo lo contrario. Por esto, es importante conocer la ley y lo que en ella se dictamina, hacer valer nuestros derechos, no solamente como consumidores y consumidoras, sino también como ciudadanos y ciudadanas.