Por Paula Daporta y Gonzalo Falzari
Luego de casi 20 años de resistencias de las asambleas socioambientales de Chubut, se aprobó el pasado miércoles 15 el proyecto de zonificación minera. A 20 años del 2001, las imágenes de asambleas en las plazas, movilizaciones y represión vuelven resignificadas por años de luchas y aprendizajes. Se estará en las calles hasta que se derogue la ley.
Marina Richieri, docente -investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y miembro de la Asamblea de Puerto Madryn, nos relata sobre los hechos acontecidos esta semana. El día miércoles 15 de diciembre la legislatura de la provincia de Chubut realizó una sesión especial cuyo fin era tratar unos pliegos del Superior Tribunal de Justicia. Sin embargo, la misma fue convertida en una sesión ordinaria en pocos minutos.
Al mutar a una sesión ordinaria se abrió la posibilidad de trabajar cualquier otro proyecto a diferencia de lo que ocurre en una sesión especial, donde solo se trata la cuestión por la que fue solicitada. Ese viraje hizo que en unos pocos minutos se presente una orden del día en el cual estaba el tratamiento el proyecto de ley 128/20 presentado por el ejecutivo referido a la zonificación minera de la provincia de Chubut que, de no ser tratado este año, perdería estado parlamentario.
La zonificación minera, resistida por casi 20 años de lucha de todo el pueblo chubutense especialmente de las asambleas socio ambientales, fue aprobada en menos de una hora en una discusión vacía y armada.
A partir de ese momento, cada localidad chubutense se autoconvocó en las plazas armando asambleas espontáneas: “A partir del jueves 16 decidimos hacer marchas cada día. El jueves 16 de diciembre, el pueblo estalló en las calles y las masas en Rawson sufrieron represión brutal, sangrienta y salvaje que terminó en una ciudad totalmente militarizada. No se puede caminar por las calles. La gente se encuentra refugiada en casas y en negocios. Sin embargo, la policía de Chubut entra a las patadas a las casa y negocios sacando a fuerza de golpes y gas pimienta a la gente que está adentro, inclusive a niños y niñas.“
Marina sostiene la gravedad de la situación con un llamado masivo a denunciar y visibilizar lo que está sucediendo: “esta democracia que fue celebrada hace unos días acá en Chubut no existe. Es una democracia de sangre, violencia y represión mantenida en la actualidad y no construida en el pasado como se suele decir. Es una democracia que hoy en día se debe seguir manteniendo con esos costos”.
En el resto de las localidades, como Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia y Esquel, que son las grandes ciudades chubutenses, las manifestaciones son masivas, desbordantes en las plazas de cada localidad: “habrá vigilias hasta que esa ley trucha fantasma funcional solamente a las mineras y a los funcionarios que quieran la tajada hasta que la ley sea derogada”
Historias de luchas:
En el año 2003, la lucha histórica del pueblo de Esquel, con su “No a la Mina” derivó en la sanción de la ley 5001 que, en su artículo 1ero, prohibió la explotación minera metalífera a cielo abierto en toda la provincia y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. Sin embargo la ley muestra una debilidad ya que, en su segundo artículo, legitima la zonificación minera. En palabras de Marina: “si bien hace 18 años esta ley nos protege de la explotación, siempre nos tiene en vilo por esta cuestión de la zonificación, que es una ventanita abierta a las grandes empresas que van a estar siempre presionando y haciendo lobby”. Esta debilidad se ve potenciada por el Código de Minería, marco legal nacional que regula la actividad, el cual le da a las empresas toda una serie de mecanismos económicos y financieros que no los tiene ningún otro sector. Ningún gobierno intentó modificar este código. Fue flexibilizado en los 90’s por Menem y respaldado por Kirchner. Todos quisieron aprovecharse y hacer uso de él para atraer inversiones: “Tanto Cristina, Macri y ahora Alberto Fernández intentaron pujar la minería metalífera a cielo abierto en todo el país”.
La definición de lo que es una zonificación es simple. Zonificar implica imponer límites en un espacio para que algo suceda. La actual zonificación minera propuesta por el gobierno provincial está en el extremo de lo colonial, en el sentido que no tiene ningún tipo de estudio topográfico, social, ni científico que le haya dado herramientas para legitimarlo: “simplemente lo que hicieron fue elegir de toda la meseta central de Chubut una partecita como para comenzar. Queda claro que este es un proyecto de zonificación inicial. No termina acá.”
Las Asambleas de Chubut presentaron en el 2014 el primer proyecto de ley utilizando la Iniciativa Popular (mecanismo de democracia directa). El proyecto planteaba prohibir la minería metalífera y uranífera en todo el territorio sin excepciones, en todas sus etapas. La Legislatura tiene un periodo para tratar los proyectos de iniciativa popular que son seis meses y lo hizo el último día del ciclo legislativo: “Fue un escándalo porque estaban los diputados recibiendo mensajes, de hecho hay una foto que se hizo famosa del diputado Muñiz que recibía instrucciones por parte de un empresario minero de cómo tenía que cambiar el articulado del proyecto de iniciativa popular para que se apruebe. El lobby fotografiado en vivo. Esa foto que fue un milagro, logró anular la sesión legislativa y volvió todo para atrás. No se pudo tratar la iniciativa popular y quedó la 5001 como hasta ese momento”.
A fin del año pasado se presentó el mismo proyecto de ley de Iniciativa Popular, esta vez con 31000 firmas de puño y letra en un contexto de pandemia, pero que entró en la Legislatura justo después que el Proyecto de Zonificación. Dos proyectos totalmente excluyentes que están en la misma comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Económico que no deberían tratarse por orden de llegada. Que hayan elegido el Proyecto de Zonificación primero deja en claro que la intención es zonificar para luego aplicar el de Iniciativa Popular en los lugares que quedaron sin zonificar.
Detenciones como práctica sistemática:
El 4 de julio del presente año, se produjo la detención arbitraria de Alfredo Claps durante una de las históricas marchas que se realizan el día 4 de cada mes en donde el pueblo chubutense se manifiesta en contra de la megaminería y en defensa de la tierra y el agua.
Ante este hecho las Asambleas de Trelew, Esquel y Puerto Madryn denunciaron, ante una conferencia de prensa, que este es un modo de accionar recurrente por parte de las fuerzas de seguridad, no sólo reprimir las resistencias sino, sobre todo, disciplinar al pueblo. El gobierno de Mariano Arcioni y Ricardo Sastre apelan a la represión para doblegar la lucha del pueblo. Lo cual se suma a otros mecanismos de intento de disciplinamiento como el retraso de pago de salarios, la persecución, falsas denuncias y espionaje hacia lxs vecinxs.
El mito de la generación de empleo
Uno de los grandes mitos en relación a la megaminería en particular y a los diferentes modos de extractivismo en general es la justificación económica de la generación de empleos. Frente a la manipulación de los sectores dominantes de los lobbys político – empresariales – comunicacionales, una de las estrategias de la asamblea consiste en articular con diferentes actores/actrices de la comunidad. A fuerza de argumentos y tendido de redes van desmontando falacias naturalizadas como verdades.
El Proyecto Navidad, que es el único que tiene factibilidad dentro de esta zonificación y que es el que está pujando para que se habilite, daría unos 2000 puestos de trabajo durante los dos primeros años que implican el armado del “Open Pit” (especie de estadio en profundidad), hacer el campamento para la gente que va a vivir ahí, los piletones para los desechos, los galpones, etc. Cuanto más rápido, más ganancia porque son menos sueldos y menos riesgo de que haya un incidente o accidente que anule la actividad. Esos puestos de trabajo no son fijos y suelen tener horarios rotativos. Pasado este proceso, empieza la etapa operativa conocida como de extracción. Aquí, en promedio, durante 10 años de operación, emplearán solo 157 personas capacitadas para operar maquinarias de alta tecnología. Puestos de trabajo que difícilmente puedan ser ocupados por personas que vivieron toda su vida en estos territorio rurales.
Marina, que se ha especializado en las comunidades rurales de la zona, nos describe que en toda el área que se intenta zonificar habitan comunidades mixtas de raigambre rural: poblaciones de ascendencia Mapuche – Tehuelche, pero también criolla, de Chile o Paraguay. Para estas comunidades la llegada de estos puestos de trabajo, implica una reorganización de sus relaciones sociales y entramado cultural.
Se trata de pueblos que durante 300 años se dedicaron a la ganadería y a las relaciones entre comunidades. En dos años (y solo por dos años) se dan vuelta las relaciones humanas y laborales: el estilo y las posibilidades de vida. Cuando una minera entra a un pueblo los precios aumentan, la vida se hace imposible para la gente que no trabaja en la mina y la que lo hace, es mínima. Ahí empieza un proceso que fue muy bien evidenciado por los observatorios de conflictos mineros en Latinoamérica. Empieza a haber un éxodo. La gente que siempre estuvo allí, tiene que irse a buscar otro lugar porque ya no puede comprar las cosas que compraba antes y quienes habitan el pueblo empiezan a ser personas nuevas recién llegadas que, incluso, inmediatamente se quedan sin trabajo. Entonces empieza a haber toda una situación de abandono y de violencia. Hasta el agua tiene que comprar en bidones por estar contaminada como ya sucede en San Juan o en Catamarca.
La ruptura de la comunidad, entre las personas, incluso familiares entre quienes quieren y no quieren a la mina hacen que esa fragmentación sea funcional a que luego la mina quede. Empiezan a ser perseguidas las personas que se oponen a la minería por personas a las que ya les prometieron un puesto.
El abordaje, desde los puestos laborales, es muy complejo. Por eso, desde las asambleas, siempre se maneja con cautela a la hora de esgrimir estos argumentos. No se ataca a los trabajadores y trabajadoras. Lo que se ataca son los mecanismos que el estado facilita y a las empresas que los aprovechan.
Las perspectivas a futuro implican seguir pensando modos de articular las resistencias y las redes para poder abrir juego a alternativas comunitarias y autogestivas. Sin embargo, las historias de los pueblos y de las asambleas saben de certezas, la relación directa entre la presencia de los pueblos en las calles y todo aquello que pueda llegar o no a suceder.
#NoEsNo
Foto de Paola Vibes
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