#16DíasDeActivismo contra la violencia machista

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Violencia digital y telemática

Por Analía Daniela López

Marina Paula Benítez Demtschenko, fue víctima de acoso virtual por parte de su ex pareja, Sebastián Horacio Masi; la peleó en la justicia y se reinventó, se recibió de abogada con orientación en nuevas tecnologías y derecho informático y hoy es la presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital.

La fundación hace 3 años que participa de los #16DíasDeActivismo, una iniciativa de Naciones Unidas que comenzó el 25 de noviembre -Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Machista- y culmina el 10 de diciembre -Día Internacional de los Derechos Humanos-; y como corolario de fin de año, acaban de obtener media sanción de la Cámara de Diputades a su segundo proyecto de ley que busca modificar la Ley 26.485, para que se incorpore como un tipo y modalidad la violencia machista a la violencia digital y a la violencia telemática. 


¿Qué significan estos días para la fundación?

Estos 16 días también se lo conocen como la ola naranja del año, nosotras puntualmente lo usamos para visibilizar la violencia digital y la violencia telemática de género, dentro de todas las formas que podemos visibilizar la violencia machista, nos circunscribimos específicamente a nuestra órbita de trabajo. 

Desde el 2016 venimos esos 16 días volcando distintos contenidos para concientizar, informar de los contenidos que generamos día tras día que hablan de formas para resguardar, de conceptos novedosos, de nuestras iniciativas o de las formas en que estamos trabajando los temas en cuestión. Todo esto genera una oleada importantísima de información en este período así que para nosotras es súper importante y la respetamos a rajatabla. Incluso para la fundación es el momento más importante del año a nivel llevar el mensaje y los valores de lo que realizamos.


Este año obtuvo media sanción un proyecto presentado por ustedes, ¿qué nos puedes contar al respecto?

Este año la campaña la hacemos con un estímulo especial porque hace muy poquito se aprobó la media sanción en la Cámara de Diputades a nuestro segundo proyecto de ley (el primero fue en 2017 para la penalización de la difusión no consentida de material íntimo, el acosos virtual y el acceso indebido a redes sociales), pero nuestro segundo proyecto lleva toda esta problemática de la violencia digital de género a un nivel mayor y lo que hacemos es pedir la modificación de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres para que se incorpore como un tipo y modalidad la violencia machista -dentro de las que ya están contempladas- a la violencia digital y a la violencia telemática respectivamente. 

Este planteo es absolutamente innovador no solo por reconocer estas formas de violencias machistas en internet sino porque dejamos planteado en los fundamentos nuestra promoción de los derechos digitales y de la necesidad que se empiece a dar tratamiento a esta órbita de internet como efectivamente un plano de ejercicio de derechos digitales, desde ya y excluyentemente, su tratamiento y abordaje debe ser con perspectiva de género, entendiendo que los derechos digitales son distintos de los tradicionalmente reconocidos incluso si llevaran el mismo nombre. Por ejemplo, el derecho a la identidad en el aspecto tradicionalmente reconocido es no solamente lo que tenemos plasmado en nuestro DNI o documento que acredite quienes somos, sino que también está muy asociado a nuestras raíces, nuestra historia, como un derecho constitucional y humano. El derecho a la identidad digital es otra cosa porque nuestra identidad digital está conformada no solo por el contenido que nosotres brindamos en internet sino por nuestro recorrido a lo largo de internet que obviamente hace un camino algoritmo que queda registrado y eso también es parte de nuestra identidad, nuestras elecciones, nuestros me gusta, nuestras visitas a sitios web y demás, sino que también la identidad digital está conformada por la información que otras personas propician de nosotres. Ahí es donde vemos la diferencia neta de que el tratamiento de la identidad digital no puede ser nunca hecho con la ley vigente, necesita tener una lectura distinta. Por eso la institución de los derechos digitales para que también motive la reivindicación del plano digital como un plano de ejercicio de derechos y a su vez que motive, eventualmente, políticas públicas con todo lo que pasa en internet.

Este proyecto tiene una calidad intelectual muy grande pero por sobre todo una implicancia en la práctica; si nosotras logramos que esto llegue a ser una ley va a ser la base para que muchísimas personas en el país puedan exigirle al estado distintas respuestas para la protección de sus derechos.


¿Cuáles son los pasos a seguir?

Lo que nos queda es seguir el lobby en el Senado de la Nación esperando que la conformación legislativa posterior al 10 de diciembre sea favorable a resetear iniciativas como las nuestras y si en definitiva se logra esto -que esperamos con muchísima expectativa- ya podemos empezar a pensar en otras iniciativas.

Para nosotras la ley tiene una institucionalidad inmensa, es en definitiva lo que logra que el Estado accione o no. Lamentablemente tenemos un Estado Nacional y un sistema en general muy ritualista, formalista, que le cuesta muchísimo flexibilizarse en post de las necesidades que se plantean o reaccionar en pos de las exigencias de la comunidad, por eso apuntamos siempre a la ley. También creyendo que la ley es una de las fuentes del derecho, todo lo que sea ampliación de derechos estamos absolutamente a favor, si bien hay discrepancias dentro de las integrantes de la fundación, en cuanto a cuánto más leyes tenemos que promover para… bueno, estamos en un momento muy particular de una transformación social de máxima entidad promovida en gran parte por los feminismos, por las luchas sociales, por las luchas colectivas y también por la era digital, por la era de la información, cuando confluyen estas cosas nos vemos frente a cambios de paradigmas inmensos y tanto el sistema como el Estado quedan chicos en todo aspecto, por eso apuntamos a iniciativas de políticas públicas como es la ley aunque también creemos que implica un trabajo mucho más integral.


¿Qué actividades se encuentran realizando desde la fundación?

La fundación no solo promueve proyectos de ley sino que también se encarga actualmente de capacitar a funcionaries, operadores de la justicia o del sistema en distintos estratos, llevamos adelante a lo largo de todo 2019 el programa integral de capacitaciones para las dependencias públicas que atiendan casos de violencia machista que previenen en la primera instancia de la denuncia de la víctima para capacitarles en violencia digital.

También estuvimos presentes en Mendoza, Bolivia, Suecia, Bangladesh llevando adelante nuestra actividad; vemos que es una demanda internacional el hecho de protegernos nosotras en el plano digital y se abre un juego tremendo en el que es un gran paño en blanco todo lo que nos está pasando en internet y además nuestra necesidad de elevar nuestras voces libres de violencia porque creemos que en definitiva ese es el plano virtual, un espacio para la participación política, para el ejercicio de derechos, para alcanzar nuestra auto-realización, no es simplemente ocio y entretenimiento: tiene una identidad máxima que nos permite conformarnos como personas, como mujeres, como humanas, por eso por ejemplo, también uno de los derechos digitales que pedimos que sea reconocido es el de la identidad digital. Que el Estado se vea compelido a actualizarse y que la era de la digitalización ya nos lo exige -y el Estado tiene que estar a la altura-, nos viene a imprimir una forma distinta de relacionarnos y auto-realizarnos así que creemos que este proyecto de ley puede abrir muchísimas otras puertas a planteos similares con todo lo que implica el espacio virtual para la sociedad.

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