4 expertos hablan de la situación de Derechos LGTBI en América Latina

Por Revista Furias

 

En el marco de la actividad organizada por la ONG 100% Diversidad y Derechos, activistas de Argentina, Chile y Perú debatieron acerca de la situación social, legal y política que vive en la región la población LGTBIQ. Dieron cuenta de los avances y derechos alcanzados por el activismo LGTBIQ durante los últimos años, pero también advirtieron que el cambio en el contexto político regional y mundial debe ponernos en alerta y prepararnos para pensar y llevar adelante nuevas estrategias que no sólo permitan conquistar nuevos derechos, sino que resguarden los ya adquiridos.

 

Pedro Paradiso Sottile, Secretario de la CHA y Director Ejecutivo de ILGALAC, fue el elegido para contar la situación en Argentina. Si bien reconoce los importantes avances que nuestro país ha alcanzado en materia de legislación y políticas públicas, también advierte que existe un avance en la violación a los derechos humanos, expresados en agresiones y lesiones a personas LGTBIQ, algo que no sucedía de forma tan evidente años atrás: “Hay una agenda muy clara para frenar la fuerza de la igualdad, de la inclusión. Los grupos religiosos (pro-vida, pro-familia) vienen trabajando con mucho presupuesto, realizando campañas que despiertan un discurso de odio, fundamentalista. La región ha resurgido políticamente en esa línea. Esto hace que se haya incrementado la violencia y las estrategias para silenciarnos e invisibilizarnos”. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en la Asamblea de la Comisión de la OEA, donde quedó claro como algunos estados de la región están alentando y subvencionando la agenda de estos grupos. La incidencia internacional se ve cada vez más complicada por el accionar de estos grupos que cuentan con poder y financiamiento, lo cual hace más difícil la pelea para organizaciones de la sociedad civil con escasos recursos.

 

Pedro lo deja claro: “El retroceso es una amenaza constante, tenemos que estar unidos porque hay muchos frentes, diferentes derechos en riesgo, y estos frentes atacan de forma sistemática y en alianza, intentando socavar o bajar aquellos derechos conquistados”. Desde ILGALAC elaboraron el Informe sobre Homofobia de Estado 2017, un documento en el que se observa entre otras cosas que, en la actualidad, son 72 los países que penalizan la actividad sexual consensual entre personas adultas del mismo sexo. (Mapa)

 

Constanza Valdes, Asesora Jurídica de OTD Chile (Organizando Trans Diversidades), expresó que la situación en su país es muy distinta a la de Argentina: para empezar, no cuentan con una Ley de Identidad de Género. En 2013 se ingresó un proyecto de Ley en el cual se presentaron más de 300 indicaciones, todos patologizantes, que apuntan a que no quieren que la identidad de género sea un derecho.

 

Cuenta Constanza que se plantean situaciones irrisorias como: “¿qué ocurriría si una persona trans va al baño? Porque ellos tienen derecho a no estar en un baño con una persona trans, porque las personas trans podemos hacer cualquier cosa en un baño”.

En 2013, al presentarse el proyecto de ley se tomó como ejemplo la Ley de Identidad de Género de Argentina, pero reversionada a la chilena, permitiendo que terceros puedan oponerse. Esto dió lugar a un potente lobby, que realizó escraches en las calles y repartió volantes con la leyenda “Si se aprueba la ley de identidad de género su hijx podrá cambiar de sexo antes que comprar alcohol o manejar un auto”.

 

La representante chilena, hizo hincapié en que más allá del plano ideal en el que siempre se lleva a cabo la discusión -sí será una norma que va a establecer un deber ser- es importante conocer cuál es la realidad de las personas trans en su país. Al respecto, se han impulsado algunas políticas públicas, como el Reglamento de Trabajo donde se incluyó a la identidad de género como categoría sospechosa de discriminación, pero este reglamento jurídico no dice cómo generar la situación de igualdad.

 

En temas de salud, en 2011 se dictó la Vía Clínica para la adecuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género. Visto como un problema médico, las personas trans accedían a terapia psicológica para luego operarse. En un principio, se entendió como un avance porque era la primera vez que se trataba la perspectiva de la salud de las personas trans, pero dicho documento conlleva confusiones acerca de los términos sexo/género y determina la manera en que deben considerarse estos cuerpos: si los genitales son masculinos entonces el cuerpo también tiene que serlo. A diferencia de Argentina, como Constanza señala: “en Chile todos los logros que hemos tenido han sido por políticas públicas, actos administrativos simples, pero no leyes y eso es lo más importante, porque un acto administrativo está debajo de la ley, se puede revocar”.

 

Liurka Otsuka, abogada, activista por los derechos de la sexo-género diversidad y representante del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos –PROMSEX– de Perú también hizo hincapié en el rebrote de la violencia que ha sido permitido por ciertos grupos fundamentalistas y, a su vez, remarcó una mirada autocrítica sobre el activismo: “como activistas, también nos dormimos pensando que, ganando ciertos derechos como la posibilidad de casarse o la ley de identidad de género, está todo resuelto. También es cierto que nos cansamos. Sin embargo, no hay política pública en Perú que nos ampare, pese incluso al activismo y a la participación social”.

 

Además, expresó que la situación en su país es preocupante. Cuentan con un Plan Nacional de DDHH, donde se dieron varias luchas para poder incluir la orientación sexual e identidad de género como categorías permitidas dentro de las acciones positivas que el Estado debería hacer para que no exista discriminación y evitar la violencia. La sociedad civil participó mucho para lograrlo pero no cuentan con Ley de Identidad de Género ni de Matrimonio Igualitario, ni una ley contra los crímenes de odio, tres ejes en los cuales la región se ha movido en estas últimas décadas. Dentro de un contexto político de gobierno liberal, resalta que existen desde las élites de poder un rebrote de violencia hacia el colectivo LGTBIQ. Pero, a su vez, los grupos de izquierda tienen grandes reticencias para ingresar la diversidad sexual en la agenda.

 

Si bien Liurka entiende que “ganar derechos no significa estar a salvo de nada”, sumado al surgimiento de la supuesta ‘ideología de género’, la necesidad de instalar la agenda de la diversidad sexual y generar alianzas entre diferentes organismos de la sociedad civil, es fundamental para pensar a la región y revertir -a plena lucha y participación- las tendencias extremas y fundamentalistas en contra de los derechos.