A un año de la legalización del aborto en Argentina, queda mucho por luchar

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Por Marina Zato

“Con 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo” decía la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, a las 4:12 de la madrugada del 30 de diciembre, un año atrás. Las calles y los palcos estallaban en aplausos, gritos y cantos. En abrazos. En enero de 2021, la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo se promulgaba y se convertía en la ley 27.610.

– Recuerdo por un lado el temor de que no salga y, también, la sensación de que esa vez no podía no salir, con tanto esfuerzo, con toda esa gente en la plaza luego de un año terrible -cuenta Eugenia, miembro de Socorro Rosa-. Me acuerdo de pibas de acá de Necochea que habían autogestionado el micro para ir al Congreso, excediendo a las organizaciones, a la Campaña, demostrando que la marea verde era mucho más, que era una marea vinculada al deseo, a la autonomía, a un derecho muy relacionado con el goce. Se jugaba mucho más que el derecho a abortar en el hospital, se jugaba el derecho a decidir si maternar o no, cuándo maternar. Sabernos sujetas del derecho a desear.

¿Cómo llegamos hasta acá?

El 28 de mayo de 2005 se creaba la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina, recuperando la historia de luchas desarrolladas a lo largo y ancho del país. Anteriormente, en el I Encuentro Nacional de Mujeres, en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 1986, se trataba por primera vez el aborto como derecho a decidir en el marco del taller “Sexualidades”. Además, al año siguiente, nacían la organización Católicas por el Derecho a Decidir y la Comisión por el Derecho al Aborto (CDA). En 1990, se desarrollaba en San Bernardo, Provincia de Buenos Aires, el Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe (EFLAC) donde se decidía convertir al 28 de septiembre en el Día Internacional por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. La primera presentación de un proyecto de legalización del aborto se hacía en el año 2007, con ocho diferentes intentos posteriores.

–   Recuerdo una emoción más grande en 2018, cuando no estaban dadas las condiciones y sin embargo hubo una movilización sorprendente para la historia de la lucha por un derecho en Argentina y, te diría, para el feminismo mundial -sostiene Celeste Mac Dougall, miembro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto desde 2010-. También esa emoción de que no sabíamos si salía o no y terminó saliendo por la presión que se generó. Después 8 senadores votaron en contra, pero en ese momento nosotras nos dimos cuenta de que habíamos ganado el debate social, que era lo que teníamos claro desde que se formó la campaña. Sabíamos que si no lográbamos un consenso social nunca iba a salir una ley, que es una ley que tenía que salir sí o sí con consenso. Entonces, nosotras arribamos no solamente con consenso social en 2020, sino también habiendo construido los mecanismos posibles para que esa ley no sea letra muerta y sea acceso efectivo a derecho.

En el año 2018, después de 15 audiencias con 738 oradores, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo llegaba a la Cámara de Diputades y, en una sesión histórica de más de 23 horas, era aprobado con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. Posteriormente, por 38 votos en contra y 31 a favor, la Cámara de Senadores rechazaba el proyecto e impedía el derecho a decidir. No obstante, el aborto se despenalizaba en las calles, en los martes verdes, en los pañuelos en bolsos, muñecas, cuellos y cabezas, en los testimonios de abortos en la clandestinidad.

Desde ese momento, nuevos hitos allanaban el camino para llegar a la ley en 2020. El 2 de julio de 2018, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizaba el uso ginecológico del Misoprostol y el 12 de julio se aprobaba su venta en las farmacias. Luego, durante todo 2018 y 2019, se abrieron cátedras vinculadas al derecho a decidir en universidades públicas de todo el país. En mayo de 2019, se lanzaba RUDA (Red de Cátedras en Universidades Públicas Nacionales sobre Educación Sexual Integral y Derecho al Aborto). En junio se llevaba a cabo el I Encuentro Nacional de Cátedras de Géneros, Derecho al Aborto y Derechos Sexuales y Reproductivos de Universidades Públicas Nacionales. El 31 de agosto se desarrollaba el I Encuentro Federal de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto. En septiembre de 2019, se empezaba a distribuir Misoprostol de industria nacional en los centros de salud de la Provincia de Santa Fe, fabricado por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF). El 12 de diciembre de 2019, el nuevo gobierno publicaba la actualización del Protocolo para las Interrupciones Legales del Embarazo. El 1 de marzo de 2020, en la apertura de las sesiones legislativas, el presidente Alberto Fernández anunciaba que enviaría un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso. El envío tardó 9 meses, pero, el 11 de diciembre de 2020, con multitudinarias movilizaciones en el Congreso de la Nación y en todo el país, se obtenía la media sanción en la Cámara de Diputades con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones que daría el paso a Senadores y a la posterior aprobación el 30 de diciembre. 

La legalización del aborto en Argentina modificó el panorama por el derecho a decidir en la región. En mayo de 2021, República Dominicana avanzaba con un proyecto de reforma del Código Penal, donde los feminismos luchaban para incluir la interrupción del embarazo en tres causales; la votación fue aplazada para enero de 2022. En Ecuador, se declaró inconstitucional un artículo del Código Orgánico Integral Penal referido al aborto no punible por violación y, en diciembre, se aprobó un informe que habilitaría el primer debate sobre interrupción voluntaria del embarazo en ese causal. En octubre, Chile aprobaba la despenalización del aborto dentro de las 14 semanas de gestación en la Cámara de Diputades, aunque el proyecto era rechazado un mes después. En México, los avances fueron muy importantes, aumentando a 6 el número de estados que permiten el aborto.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, desde la legalización del aborto en Argentina se realizaron 32.758 interrupciones legales en la salud pública. 19.000 personas gestantes se comunicaron con la Línea Gratuita y Confidencial del Ministerio de Salud (0800-222-3444). Hubo un crecimiento del 30% en los hospitales y centros de salud públicos que garantizan abortos legales y se duplicaron las entregas de misoprostol, habiéndose distribuido 46.283 tratamientos en 2021, contra 18.560 en 2020. A su vez, un total de 904 profesionales de la salud se capacitaron en técnicas de aborto seguro, al tiempo que se realizaron 57 asesorías sobre la ley para las provincias. La tasa de aborto da cuenta de una brecha entre las provincias, siendo de 5,6 en CABA, 4,3 en Tierra del Fuego, 0,9 en Chaco y 0,6 en Formosa.

De acuerdo con datos del Proyecto Mirar, durante el primer semestre del 2021, además, 6.517 personas con capacidad de gestar contactaron a la red de salud comunitaria Socorristas en Red, feministas que abortamos. El 24% de estas residían en Buenos Aires, 20% en la región noroeste, 19% en la región centro, 18% en la Patagonia, 9% en Cuyo y 9% en el Litoral. De cada 10, 6 tenían entre 18 y 28 años y el 4% tenían menos de 18 años.

Pero también se sucedieron diversos intentos de atropellos contra la ley. Durante el primer año de vigencia, se realizaron 37 demandas en distintas provincias en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. De estas, 32 buscaban la declaración de su inconstitucionalidad, pero ninguna logró prosperar. En la actualidad, existen dos causas pendientes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una en la Provincia de Salta y otra en la Provincia de Córdoba. En Salta, en el mes de septiembre, se llevó a cabo un intento de criminalización de una profesional de la salud por haber garantizado una ILE. Esta práctica había sido solicitada por una persona mayor de edad que se había trasladado hasta el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde vio vulnerado su derecho a la confidencialidad de la historia clínica, dando a conocer a su familia que había solicitado un aborto. En este contexto, Miranda Ruiz, la médica residente encargada de su atención, comenzó a ser perseguida y llegó a pasar 7 horas detenida. Hoy, Ruiz tiene todavía un proceso judicial que se encuentra en etapa de investigación, con varios pedidos de sobreseimiento por parte de su defensa que no han sido resueltos.

–     Falta garantía del acceso. En los grandes centros urbanos se garantiza, pero está faltando presupuesto en un montón de aspectos de la salud, lugares donde no se garantizan otros derechos, tampoco el derecho al aborto -añade Celeste Mac Dougall-. Una de las cosas que está faltando es que las obras sociales y prepagas lo garanticen como está establecido en la Ley. Hay varias cosas que se deben profundizar, por ejemplo, el acceso también a la Mifepristona, que es la otra droga que se usa para realizar abortos, al AMEU (Aspiración Manual Endouterina), práctica recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Falta la liberación de todas las mujeres presas por eventos obstétricos, que quedan varias, y el desprocesamiento de la compañera de Salta.

Socorristas ha continuado acompañando decisiones de abortar, tanto a través del sistema público de salud como en los casos en los que se busca una autogestión del aborto por fuera de este.-    Nosotres acompañamos la decisión de las personas que entienden que en el sistema de salud hay una certeza que les interesa y también acompañamos la decisión de las personas a las que el sistema de salud las tiene tan acostumbradas a maltratarlas sistemáticamente que no quieren ir, especialmente en espacios de salud donde médicos y médicas, incluso que son garantes, igualmente levantan la ceja, emiten opinión, difunden información falsa, atemorizan o indican mal la medicación. Estos espacios existen y hay mujeres y personas con capacidad de gestar que no quieren ir -explica Eugenia de Socorro Rosa-. La ley es un piso, no el techo de nuestras aspiraciones. Queremos que los abortos sean libres y cuidados. Para que las leyes vivan hay que cuidarlas, hay que seguir dando la discusión, hay que seguir corriendo el límite de lo posible para les profesionales. Se necesita más formación para les profesionales, se necesita difusión del acceso al derecho, se necesita que las personas puedan decidir con qué método abortar. ¿Qué pasa con las presas que necesitan una interrupción, con las que necesitan readecuación en términos idiomáticos o de sensibilidad? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad que necesitan acceder a un derecho? Hacer vivir la ley es tener todo esto en cuenta y son desafíos sobre los que trabajar. En 2018 pudimos construir la despenalización en las calles, pero todavía hay médicos y médicas que se juegan la carrera. Hay que seguir construyendo educación sexual integral y entendiendo que es transversal, que es sobre cuidado, sobre autonomía. Si podemos empezar a pensar que criamos niñeces más libres, autónomas, deseantes, quizás podamos pensar en futuras profesionales, futuras docentes, futuras médicas que tengan eso en el horizonte. Queda mucho por luchar todavía.

Ph: Flor Di Tullio

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