De visita por España

Por  Zenaida Ferrer

La metrópoli española vive intensas jornadas de escándalos por corrupción entre otros males de alta jerarquía… Baja algo el desempleo, pero suman millones los parados y las paradas… y entre tanto viento fuerte, el Ministerio de Sanidad aporta un nuevo servicio público de reproducción asistida, solo que excluye a lesbianas y mujeres solas.

No creo que vayan a echarme del país en el que estoy de visita por comentar lo que es información pública cotidiana cuando estoy tratando de entender las sinergias que lo mueven y atrapar en mi cerebro los conflictos particulares de una España volcánica, donde hasta la monarquía se está jugando cartas obligadas a sacar de debajo de las mangas y los máximos dirigentes del “estado de derecho” aparecen en la picota pública por corrupción y otros delitos.

Mientras se da un aire al desempleo con el empleo ocasional del verano y las cifras estadísticas nacionales hablan de un respiro -que el gobierno califica de despegue-; los estudiantes y sus familias se tiran de los pelos por la elevación de los pagos en la universidades públicas; el país se solidariza y humaniza por un accidente ferroviario mayor, en el que perecieron 80 personas, y se dio el veredicto de CULPABLE, a un padre mal nacido que fue capaz de asesinar a sus dos hijos (una niña de seis años y un varón de dos) solo por hacerle daño a la madre que pretendía la separación matrimonial; el Ministerio de Sanidad -que favorece la privatización de seis hospitales en Madrid- se apunta un tanto al dar a conocer  una propuesta de  beneficio  público de tratamientos de reproducción asistida (inseminación artificial, fecundación in vitro…) reservados solo para parejas integrados por un hombre y una mujer siempre que existan problemas de fertilidad, por lo que en su concepción se veta de obtener esa prebenda, a parejas de lesbianas y a mujeres solas.

Ante la hipersensibilidad destapada por tal exclusión, fuentes del organismo estatal han llegado a asegurar que no sería tanto así, sino una manera de tener prioridades en el servicio partiendo de “criterios terapéuticos y preventivos”.

Reseña un periódico local que “la normativa actual establece que la sanidad pública sólo financia esta prestación cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una “indicación clínica establecida”. Es por esta vía por la que algunas comunidades como Andalucía y Madrid (en determinados centros hospitalarios), Baleares o País Vasco cubrían a las mujeres solas o a las lesbianas; que quizá no fueran estériles pero que no podían engendrar una el hijo de la otra. En otras regiones, donde la Administración se aferraba textualmente a la necesidad de que hubiera ese diagnóstico de esterilidad, lo tenían difícil para someterse a estos tratamientos”.

Ahora se precisa que las comunidades que quieran ofrecer esta prestación a mujeres solas o lesbianas -fuera de los criterios establecidos por la nueva cartera básica de servicios- lo podrán seguir haciendo si tienen presupuesto suficiente para ello (lo que en este tiempo de crisis es casi decir no lo tienen). Pero la propuesta especifica que los tratamientos de reproducción asistida se aplicarán a las parejas en las que la mujer no sea mayor de 40 años y el hombre de 55 y que no tengan hijos en común sanos. Por supuesto, se excluyen de facto si alguno de los integrantes del dueto, se ha sometido a esterilización voluntaria con anterioridad.

En respuesta al decreto real, tres comunidades se niegan a pagar la fecundación a lesbianas, por aquello de que “sin varón no eres madre” y de ahí que representantes de la comunidad de gays y lesbianas señalen que el gobierno se ampara en una apreciación monolítica de la familia en lugar de tratar de limar las desigualdades porque sólo admiten (aunque no lo pregonen) a parejas formadas por hombre y mujer.

Ante el requisito de “ser mujer estéril” para acceder a estos tratamientos, la reacción de asociaciones de homosexuales no se ha hecho esperar al entender que deja fuera de la financiación pública a lesbianas y mujeres sin pareja que pueden ser fértiles pero que necesitan de estos tratamientos para poder ser madres.

Al acordar que estos servicios se financien “por motivos terapéuticos o preventivos” no se modifica el criterio prevaleciente desde el decreto de 2006 que planteaba la reproducción asistida financiada públicamente cuando hubiera un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida por un médico, “que es quien decide” y que no excluye que cuando en una pareja él o ella tengan un problema de infertilidad podrán acudir a la fecundación en el sistema público. Dicho y hecho: él o ella, no ella y ella.

A toda esta palabrería, intencionada o no, ripostan las lesbianas con que en realidad pueden ser fértiles, pero al estar aparejadas a otra mujer, no pueden engendrar hijos, un derecho que reclaman porque son capaces de amarlos, cuidarlos y hacerlos crecer con dignidad y cariño. De la manera en que está redactado este decreto resulta discriminatorio para las mujeres solas o las lesbianas.

Expertas opinan que la reproducción asistida siempre ha sido una de las prestaciones más desiguales del sistema nacional de salud española. Las larguísimas listas de espera -en algunos casos de más de dos años para acceder a la primera consulta- y las diferencias de tiempo de atención y de criterios de acceso entre Administraciones han sido constantes durante años.

Mientras todo esto transcurre en debates privados y públicos, simultáneamente se conoce que  alrededor de 1600 mujeres residentes en Baleares, sólo en 2012, pagaron de sus bolsillos para interrumpir voluntariamente sus embarazos a pesar de las campañas  antiaborto que el gobierno de las Islas proclama.

Más razones y más sinrazones, puesto que en España el aborto es un derecho legal reconocido desde 1985 y ampliado con la nueva ley del aborto de marzo de 2010, cuyo principio fundamental reside en que este será libre para toda mujer menor o mayor de edad, dentro de las 14 semanas de gestación y hasta 22 semanas si concurren circunstancias como grave riesgo la vida o salud de la embarazada, anomalías en el feto u otras causas clínicas diagnosticadas.

Pero me pierdo en otros meandros… lo cierto es que a la mujer española, lesbiana o que no tenga pareja heterosexual, le será muy difícil acceder a los servicios de reproducción asistida a no ser que con las mañas y retorcijos con que el gobierno instruye a sus ciudadanos, logre “criterio terapéuticos y preventivos”, entiéndase médicos, que le ayude a lograr un embarazo deseado sin tener que pagar descomunales cifras de dinero, que por cierto, no abunda en el bolsillo de la mayoría de la población por este tiempo.