Escazú es ahora

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Por María Celeste Lamamí

El pasado jueves 13 de Agosto, el Senado de Argentina otorgó media sanción al proyecto de ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el “Acuerdo de Escazú”.

El Acuerdo, que se encontraba pendiente de ratificación desde el año 2014, es el primero vinculante a nivel mundial sobre derechos humanos y medio ambiente, siendo una continuación sobre la Declaración de Río (1998), y de uno de los pilares de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por las Naciones Unidas. Busca garantizar el derecho de lxs ciudadanxs a vivir en un ambiente sano, a participar sobre la toma de decisiones vinculadas al medio ambiente, y garantizar la seguridad de comunidades vulneradas por el modelo económico extractivista actual. 

Basándose en tres ejes principales, defiende el derecho de la ciudadanía a obtener información sobre el estado del ambiente y a participar en la toma de decisiones que pudieran afectarle; la reparación de los daños en el ambiente, y la protección de pueblos originarios y de defensores del medio ambiente, quienes son blanco de ataques constantes con una tasa de asesinatos en aumento. Además, pone sobre los Gobiernos la obligación de brindar información clara y accesible a la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente, y obliga a funcionarios y ministros a recibir capacitaciones al respecto. 

En este sentido, ha habido mucha controversia respecto a este acuerdo. Desde el lado de quienes se oponen, denuncian que, al ser un acuerdo vinculante, Escazú representaría una “pérdida de soberanía” para los países y su sistema judicial. Esto no es así: el Acuerdo, en primer lugar, respeta la soberanía nacional de cada uno de sus integrantes y establece un sistema de negociación entre países donde sólo se podría llegar a intervención de tribunales internacionales si ambos países (el denunciante y el denunciado) prestan su consentimiento para ello. Por otra parte, hay quienes presentan como argumento en contra que ya hay legislaciones vigentes sobre cuestiones ambientales y que el acuerdo “no representaría ninguna mejora”. Actualmente, ningún país en Latinoamérica cumple sus legislaciones al respecto, resultando en la extinción de un millón de kilómetros cuadrados de selva; la erosión del 68% de los suelos de Latinoamérica y un 23% de especies nativas en peligro de extinción. 

Otras cifras igualmente preocupantes se ven sobre activistas y comunidades originarias. Entre 2015 y 2017, hubo 563 asesinatos a defensores del medio ambiente a nivel mundial. De ellos, 360 fueron en Latinoamérica. En un solo mes de iniciada la cuarentena, se registraron 7 asesinatos. Colombia, uno de los principales detractores del acuerdo, representa el 60% de la tasa de asesinatos a líderes ambientales. 

A nivel local, en Argentina aún no se aprueba la Ley de Humedales, implicando la quema descontrolada de pastizales en todo el terreno y principalmente en el Delta del Paraná. Somos uno de los diez países que más desmontaron en las últimas tres décadas. Y en las últimas semanas se conoció un potencial acuerdo de producción porcina con China, que representaría una duplicación en la producción local, con los consecuentes riesgos que esto conlleva. 

Es de esperar que este acuerdo genere rechazo en sectores industriales y económicos que explotan nuestros recursos para obtener ganancias. Aún con una crisis sanitaria sin precedentes, que paralizó la economía mundial, y una situación socio ambiental que no parece mejorar, gran parte de la sociedad sigue pensando que la actividad económica es incompatible con el cuidado del medio ambiente, ignorando las oportunidades que el desarrollo sostenible ofrece y la necesidad de pensar la economía y la ecología como un conjunto. 

Para que el acuerdo entre en vigencia, es necesaria la firma y ratificación de once países. Actualmente sólo nueve países lo ratificaron. Argentina sería el décimo, y la fecha límite es el 23 de septiembre. 

En este momento que la seguridad ambiental está en agenda más que nunca, esperamos que Argentina ratifique el acuerdo con la celeridad que merece, y que instale esta discusión, fomentando la protección de nuestros recursos naturales y el acceso a la información que el pueblo merece tener. 

Imágenes: Jóvenes por el clima Argentina

IG: @jovenesporelclimarg

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