Una campaña contra las violencias en la política

Por Valeria Tellechea

En los últimos años, la visibilización de las desigualdades y las violencias contra las mujeres y el colectivo LGBTIQ+ ha sido cada vez más significativo. Un arduo trabajo de las organizaciones feministas y sus referentes, ha tenido su correlato en el actual escenario político que, cada vez con mayor intensidad y rapidez, se vuelve un espacio de disputa en pos de eliminar todas las brechas sostenidas por razones de géneros. Sin embargo, estos espacios se transforman también en ámbitos en donde las violencias circulan, muchas veces, con total libertad.

En el marco del proyecto Cerrando Brechas, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género lanzó la campaña #MiLugarEsElQueElijo que tiene como finalidad visibilizar las violencias que se ejercen cotidianamente contra mujeres, lesbianas, travestis y trans, dentro de los ámbitos políticos y de toma de decisiones, para concientizar sobre sus efectos. Desde expresiones discriminatorias, acoso, amenazas y desprestigio, la violencia política tiene una doble intención: por un lado, desalentar la participación y por el otro, sostener la noción de que la política es solo un espacio para varones.

A partir de monitoreos en las redes sociales y análisis de algunos datos recabados, el 80% de las mujeres en política ha vivido violencia de género a lo largo de sus carreras y no queda más que suponer que el total de las personas trans y travestis la continúan sufriendo cotidianamente. En una investigación realizada en 2018 por ELA, se arroja que el 64% de las entrevistadas fueron amenazadas o intimidadas durante el ejercicio de sus funciones políticas; al 58% le han impedido que asista a reuniones importantes o en las que se toman decisiones relevantes; al 53% le han restringido el uso de la palabra en reuniones o sesiones e incluso 27% ha percibido un ingreso salarial menor por su condición de género.

Natalia Gherardi, directora de ELA y del Proyecto Cerrando Brechas, explica en el informe realizado sobre Violencias contra las mujeres y disidencias en política a través de redes sociales durante la campaña del año 2019, que “fue fundamental el aporte de la presencia creciente de mujeres en ámbitos legislativos, lograda gracias a las leyes de acción afirmativa en vigencia desde la década del noventa. La ausencia de mujeres en la vida política no solo limita el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos para al menos la mitad de la población, sino que además restringe la calidad de la democracia y la pluralidad de voces en el debate público, con menor representación de los intereses, experiencias y trayectorias de las mujeres.”

Sumado a ello, en diciembre de 2019, fue modificada la Ley Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, con el propósito de hacer visible la violencia pública-política, determinada como “aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros.”

Mucho más cruda es la situación de las personas trans y travestis que deciden y tienen la posibilidad de ejercer cargos políticos, caminos muchas veces más complejos, violentos e invisibilizado: “Para las personas LGBTI las barreras de acceso y permanencia en espacios de poder todavía no se han superado; apenas si se están haciendo visibles. La discriminación y la violencia contra las disidencias sexuales y de género llevaron a su exclusión y marginación, con extremadamente pocas personas con participación en la arena pública, menos aún en espacios de decisión”, explica también Gherardi.

Según el relevamiento de candidates del colectivo LGBTIQ+ en todo el país realizado por la Agencia Presentes durante las últimas elecciones, de las 21 candidaturas de personas LGBTIQ+ visibles, solo tres accedieron a cargos. De este grupo, 12 fueron candidatas trans y ninguna fue electa y solo Paula Arraigada fue candidata a Diputada Nacional. Sin embargo, su participación es fundamental para la ampliación de derechos.

Como la Directora Nacional de Políticas contra la Discriminación del INADI, Ornella Infante, nos decía en una entrevista: “Pienso que es necesario involucrarse en todos los lugares históricamente negados. Cada población que exprese lo que tenga que expresar, sobre todo las mujeres trans, aquellas que perdimos los privilegios del patriarcado en el momento que nos construimos en mujeres pagando un precio muy alto, y ocupar los lugares eternamente negados, también en los lugares de decisión, no existen los iluminados de la política que vayan a idear una política pública para nosotras si no estamos adentro”.

Durante los próximos días, se realizarán una serie de vivos por el IG de ELA con activistas y representantes de la política, todos a las 19hs.

Lunes 26/10 Paula Arraigada, activista trans. Fundadora de La Nelly Omar y Asesora en el Honorable Congreso de la Nación.   Miércoles 28/10 Claudia Lázzaro, curtidora y sindicalista. Directora de Políticas de Equidad, Formación Laboral y Políticas de Cuidado del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires.   Viernes 30/10 Daniela Ruiz, actriz, directora de la compañía de teatro 7 Colores Diversidad y activista antirracista.

Podés seguir la campaña en las cuentas de Instagram, Twitter y Facebook.