Por Revista Furias

Desde hace ya varios meses, organizaciones de derechos humanos y activistas sociales, vienen advirtiendo que el cambio en el contexto político regional y mundial debe ponernos en alerta y prepararnos para pensar y llevar adelante estrategias para evitar un retroceso en materia de derechos.

Una clara amenaza es el Proyecto 0010/PE/2017, elaborado por la Secretaría de Culto a cargo de Santiago Estrada; el cual trata sobre Libertad Religiosa, que fuera presentado el pasado 12 de junio por el Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Nación.

La ONG Amnistía Internacional, es uno de los principales actores que insiste en el peligro de que este proyecto se convierta en ley. En una carta enviada al Presidente Mauricio Macri, resaltan los aspectos retrógrados que conlleva.

Tal como expresan desde la ONG, el artículo 7 de dicho proyecto es el más controversial ya que proclama de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia, de las personas y de las instituciones. Establece que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica” –incluye a los funcionarios públicos-. Este artículo revierte así la posibilidad de excepcionalidad que conlleva la `objeción de conciencia´, para pasar a ser una regla.

El único requisito que el texto menciona, es que la persona objetora sea de una creencia religiosa sincera, lo que presume de antemano, su buena fe. Tal como indican desde Amnistía, “lejos de tender a fortalecer un Estado laico que otorgue libertades a sus individuos, busca favorecer un Estado pluriconfesional, con fuerte injerencia de las religiones en el ejercicio de los derechos de las personas y lo público. Los individuos tienen el derecho tanto de profesar alguna religión, como el de no profesar ninguna. Pero la norma pareciera olvidar y desproteger a todo este universo de personas que deciden no profesar un culto.”

Otro punto clave en el contenido del Proyecto son las modificaciones que solicita al Código Penal, para castigar a quienes impidan el libre ejercicio de la libertad religiosa, se crearía la figura de los “delitos contra la libertad religiosa y de conciencia” para los cuales se pide una pena de prisión de 2 a 6 años, pretenden también el agravamiento de penas por hurto de objetos sagrados o ataque a edificios religiosos. Teniendo en cuenta los antecedentes de represión que sufrimos en los últimos Encuentros Nacionales de Mujeres, esto debe ponernos en alerta y prepararnos para generar estrategias en conjunto ante este avance represivo.

Es importante resaltar que el proyecto de ley atenta contra todos aquellos derechos cuyo cumplimiento dependa del sesgo moral que le imprima la persona sobre la que recae la responsabilidad de hacerlo cumplir. Por ejemplo, un juez de paz podría negarse a oficiar un matrimonio igualitario porque su religión lo avala, un docente podría negarse a dar clases de educación sexual, cualquier institución médica podría negarse a disponer de al menos una persona capacitada para realizar abortos no punibles; situaciones que implican pasar por alto antecedentes como el del Fallo Fal de la Corte Suprema de Justicia en el año 2012, que sentó jurisprudencia en materia legal acerca de la injerencia de la justicia en casos de aborto no punible; y muchas otras implicancias que atenten con derechos ya otorgados o a otorgarse, como es el ansiado derecho de una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), proyecto que presentó por sexta vez consecutiva la Campaña Nacional por el derecho Al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito en la Cámara de Diputados, sin lograr tratamiento parlamentario.

El movimiento feminista y LGTBIQ se constituye cada vez más como un movimiento político en el que el Gobierno ve un enemigx; con medidas sociopolíticas tomadas en detrimento de nuestros derechos adquiridos. Este proyecto de ley y las últimas represiones vividas después de cada marcha nos ponen en alerta, nuestras cuerpas son las que están en juego.

Ph: Florencia Di Tullio